Fondos buitre y ley de la selva

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Carmen tiene 40 años y cuatro hijos. Ha sido víctima de violencia de género por parte de su pareja más reciente. Hace unos días ha sido desahuciada de su vivienda en una pequeña localidad del área metropolitana de Barcelona, porque, pese a contar con un contrato de trabajo de 1.000 euros al mes y llevar más de 25 años cotizados a la Seguridad Social, no puede hacer frente al mantenimiento de su familia y a los 600 euros del alquiler. Los cuatro hijos han encontrado acomodo con su padre y primer marido —con movilidad reducida y sin trabajo—, mientras ella vive en una pensión. La situación de Carmen —nombre ficticio— es un ejemplo de cómo la precariedad condena más que el Código Penal cuando no se puede hacer frente a un alquiler que, por razonable que parezca, se come el 60% de los ingresos.

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